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Cuelgamuros: presos políticos para un mausoleo

Nicolás Sánchez-Albornoz 07/04/2006
 

Publicado en Memoria 171 mayo 2003 | Reflexiones |

Hace pocas semanas, un realizador de documentales francés se maravillaba en una conversación conmigo de que, en una visita reciente a Cuelgamuros, los guías oficiales y los folletos descriptivos seguían repitiendo en pleno siglo XXI la cantinela franquista sobre el Valle de los Caídos y el huésped principal de la cripta. Nunca mencionan que los presos políticos levantaron el monumento. Patrimonio Nacional, bajo cuya autoridad se encuentra el conjunto, no vende en su kiosco la Verdadera historia del Valle de los Caídos de Daniel Sueiro ni el libro general de Ismael de Lafuente sobre el trabajo forzado en los campos o destacamentos penales, ni siquiera el video de la película de Fernando Colombo sobre una sonada fuga del lugar.

Sánchez-Albornoz, Nicolás

Es más, cuando este realizador preguntó sobre los presos políticos de Cuelgamuros, el guía, molesto, lo calificó de patraña. La negación, en su interpretación más benigna, significa un cambio por lo menos de sensibilidad o tal vez un acomodo a los tiempos que corren. En momentos más lejanos, que hubieran trabajado presos en Cuelgamuros se hubiera tenido a gala. Bien miradas las cosas, ni el guía ni el director, el recalcitrante duque de San Carlos, son responsables últimos del despropósito. El reproche corresponde hacerlo a los gobiernos, el actual y los pasados, que toleran la ocultación.

Que yo sepa, quedan cuatro presos políticos capaces de atestiguar que trabajaron en Cuelgamuros, a uno de los cuales tenéis delante. Los otros se apellidan Vera, Iniesta y Rubio. Me alegraría que fuéramos más, pero me temo que sea hora de que salte la alarma. El pozo de testimonios personales está por agotarse. No falta mucho para que los historiadores no puedan contar con testigos presenciales y que tengan que recurrir a los papeles. Todo gobierno burocrático-autoritario deja sin embargo cientos de miles, si no millones, de documentos para gozo del historiador futuro. En punto a los campos de concentración, estamos tocando el futuro: los archivos se están abriendo mientras la palabra se desvanece. Como profesional, siempre insisto en que hay que consultar las fuentes. Ante este congreso, me contentaré sin embargo con deponer como testigo de cargo.

Mi salud mental me ha librado del síndrome de Estocolmo. No siento apego a mis guardianes ni he vuelto jamás al lugar de los hechos. Abomino de Cuelgamuros. Me niego a poner los pies en ese trozo de tierra hermoso antes de ser profanado y, en público, he puesto condiciones para hacerlo que no tengo inconveniente en repetir. Éstas son que la cripta pase a otro uso y agrego ahora por culpa de la edad que se habilite un urinario sobre la tumba del Caudillo para que pueda aliviar mi próstata. Una cosa es no volver al valle y otra es caquearse. Cuando la prensa, la televisión, los congresos o el cine me preguntan, nunca dejo de responder, pero tampoco he convertido el episodio en el centro de mi vida al modo de ciertos ex combatientes. Me ocupo habitualmente de asuntos menos sórdidos y más gratos. De cuanto sé de Cuelgamuros o de los destacamentos penales, no se espere un relato sangrante como el escrito por Jorge Semprún sobre Buchenwald. Mi palabra no vale lo que su pluma ni la materia es comparable. Mi testimonio tampoco tomará la forma literaria y emotiva con la que mi compañero de fuga y de exilio, Manuel Lamana, recuperó en su novela Otros hombres las vicisitudes que pasamos juntos. En el historiador que soy, prima el contexto sobre la vivencia. Al modo de un historiador “funcionalista”, mi experiencia me llevará a analizar cómo operaban los campos.

De entrada, necesito decir que mi conocimiento de Cuelgamuros o de los destacamentos penales, aunque intenso, es limitado en tiempo y espacio, como en todo drama clásico de corte aristotélico, según me enseñaron en el bachillerato. Cumplí pena en el destacamento encargado de la construcción del monasterio de Cuelgamuros, desde marzo de 1948 hasta principios de agosto, la temporada menos cruda de la sierra madrileña. Un Consejo de Guerra formado por oficiales superiores, presidido por el general Vigón en persona y en el que actuó como ponente el coronel Eymar, conocido por sus fechorías como juez de la represión, ese consejo de guerra me había condenado a seis años de cárcel por dirigir la reconstrucción de la Federación Universitaria Escolar, la famosa FUE de preguerra. La suerte me permitió acortarlos. Bien pensadas las cosas, prefiero que mi palabra valga hoy menos por haberme fugado y no que tenga el peso que la de tantos compañeros que dejaron su piel en aquel valle.

A un costado de la obra del futuro monasterio, se levantaban dos barracones que alojaban cerca de doscientos presidiarios entre políticos y comunes, número que pudo ser mayor o menor, antes o después. En barracones, aparte había además dos o tres docenas de obreros que la empresa Construcciones Molán contrataba para cubrir las especialidades que no se encontraban entre los penados, como la de los canteros, necesarios para revestir con granito el cuerpo interior de ladrillo del convento en obras. El valle albergaba dos destacamentos más. Uno estaba dedicado a horadar el risco berroqueño para hacer el hueco de una cripta subterránea, obra a cargo de la empresa San Román. Situado en el centro del valle, el destacamento sólo contaba en ese momento de finalización de la perforación con dos o tres docenas de penados, expertos varios de ellos en el arriesgado manejo de explosivos. El tercer destacamento, el de trato peor y de trabajo más duro y menos calificado, trabajaba para la empresa Banús en la construcción de la carretera de acceso al complejo. Los tres centenares de presos alojados en él desmontaban los terraplenes y molían la grava a pico y pala o con mazos. La alta tecnología brillaba por su ausencia; los presos se hallaban compelidos a contar sobre todo con la fuerza de sus músculos. Los tres destacamentos penales eran independientes entre sí y la circulación entre ellos estaba prohibida. Visité el campamento central y la oquedad de la cripta por trámites oficiales, pero no recuerdo haber puesto jamás los pies en el de la carretera.

Mi experiencia, además de corta y limitada, fue relativamente benigna. No tengo inconveniente en reconocer que testigos de cargo hay o ha habido con mayor conocimiento de causa. El trabajo que me tocó hacer resultó además privilegiado. Al llegar al destacamento, Manuel Lamana y yo encontramos que había dos vacantes en la oficina. Como éramos estudiantes y sin filiación política, el jefe nos puso a manejar la pluma y los números, en vez de cargar ladrillos o a andar por los andamios para lo que habíamos sido enviados desde la prisión provincial de Carabanchel. El tercero de nosotros, Ignacio Faure, no tuvo escapatoria y se hartó de poner un ladrillo sobre otro. No sé si la experiencia le sirvió más adelante como arquitecto. Los compañeros del destacamento, obreros o campesinos casi todos, no contaban con suficiente instrucción. Recuerdo haber escrito para más de uno de ellos las cartas que enviaban bajo mi puño y letra y haberle leído luego las respuestas de sus familias.

Más que nuestras letras, el jefe apreció nuestra independencia política. Comunistas, cenetistas y socialistas habían constituido en su incansable militancia agrupaciones clandestinas dentro del destacamento. Por la oficina, circulaba información útil para los presos, como la relativa a sus expedientes. Disponer de un escribiente de confianza proporcionaba un acceso preferente a una información delicada y colocaba a la célula que la conseguía ventaja sobre sus competidoras. Los funcionarios de prisiones a cargo de nuestra custodia maliciaban de que existían estos grupos, pero carecían de pruebas para actuar contra sus responsables o sus miembros. En todo caso convenía al jefe del destacamento protegerse de infidentes y prefirió tener a sus órdenes a estudiantes republicanos, pero sin partido. Nuestro nombramiento no decepcionó por otra parte a las diversas células clandestinas del destacamento que valoraron nuestra neutralidad frente a todas ellas. En cuanto se ha escrito sobre los campos españoles o extranjeros, nunca faltan menciones a la soterrada pugna de los grupos organizados por acceder a los “destinos”. En esto, Cuelgamuros no fue distinto de Buchenwald.

En las preguntas que se me hacen a menudo sobre mi experiencia carcelaria, nunca falta una inevitable sobre cómo hicimos Manolo y yo para escapar. Cargados los ojos de imágenes repulsivas de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, la gente asimila a los destacamentos penales españoles con los campos alemanes. En la segunda mitad de los años cuarenta, época a la que me refiero, los españoles no podían ser igual que los germanos. El régimen de Franco, bajo la lupa de los vencedores del nazismo, no estaba entonces para imitaciones y menos con cámara de gas incluida. Derrotada la Alemania nazi, la dimensión alcanzada por el holocausto era mundialmente conocida. Incluso en Carabanchel, tuve noticias directas de sus horrores por un sobreviviente de Mauthausen, Vicente Moriones. Tras reponerse en Toulouse de la suma extenuación física, que no moral, con que salió del campo alemán, Vicente regresó a España para reanudar su actividad confederal y no tardó en dar con sus huesos en una celda vecina a la mía en la prisión provincial de Madrid. De Mauthausen a Carabanchel, así se resume su trágico y a la vez honroso destino. Nada ganaba tampoco Franco con tener Buchenwalds en miniatura. Su represión descansaba sobre fundamentos igual de fríos, pero distintos en su inhumanidad.

En la segunda mitad de los años cuarenta -insisto en la fecha-, Cuelgamuros podía prescindir de una doble hilera de alambradas recorridas en su interior por perros feroces y salpicada de garitas con vigilancia armada. Un dispositivo de ese estilo, repetido por el centenar de destacamentos penales que funcionaban entonces, habría supuesto una inversión prohibitiva para la estrechez económica y presupuestaria en la que el franquismo se debatía. El régimen habría tenido que cobrar más impuestos a terratenientes, fabricantes, rentistas y estraperlistas, porque al común de la gente quedaba poco que estrujar. Pero los ricachones no habían ganado la guerra para pagar impuestos. Las alternativas eran en suma dos: pocos presos rigurosamente custodiados o un sistema masivo, pero flexible. El régimen, sañudo y cutre, se decidió por mantener en la sombra a la mayor cantidad de españoles y a tenerlos repartidos a pie de obra. El resultado fue una colección de destacamentos con decenas o centenas de presidiarios en cada uno, en vez de millares de internados en la escala alemana. Cuelgamuros no era un lugar de internamiento preventivo y masivo como habían sido antes, en la propia España de Franco, Miranda del Ebro, Albatera u otros. Era un campo para cumplir condenas. Para economizar en infraestructuras y en costos de personal, el régimen empleó la zanahoria además del palo.

Las palizas, la tortura, un régimen carcelario en celdas de castigo, la prolongación de la condena y otras amenazas planeaban sobre cualquier recluso y, de tanto en tanto, se aplicaban a título de recordatorio. El trabajo, la comunicación abierta con los familiares y un trato más personalizado operaban en cambio sobre él como incentivo para que su rebeldía plegara velas. Éste tenía que pensar dos veces antes de jugarse el alivio relativo conseguido después de cruzar el oscuro túnel de años de cárcel. El aire libre y la falta de un perímetro cerrado, al aumentar la vulnerabilidad de la custodia, obligaban además al funcionario a frenar sus instintos y a esforzarse por ganar la cooperación del preso. Un jefe y dos guardianes, don Amós, don Felipe y don Clemente, no eran suficientes para enfrentarse a un centenar largo de presos políticos y no podían permitirse ellos solos demasiadas demostraciones de fuerza. Circulaban desarmados para no correr el riesgo de ser desarmados. Con este sistema, preso y funcionario hubieron de refrenar su antagonismo instintivo. A diferencia de las brutalidades comunes en un campo de concentración alemán o en un presidio español, las partes opuestas, sin igualarse, se tanteaban hasta encontrar como equilibrarse.

Vigilancia tenía que haber en Cuelgamuros, aunque sólo fuera para custodiar las cargas de explosivos empleados en las voladuras de la cripta. Un cuartelillo de la guardia civil supervisaba el valle, las obras y los campamentos. Parejas atricornadas frecuentaban a los tres campos y circulaban por el perímetro del valle. La comandancia del puesto fiscalizaba las alzas y bajas de los presos y estaba al tanto del celo de los funcionarios de prisiones y del comportamiento de los reclusos. También vigilaba las idas y vueltas de los trabajadores libres. Nada escapaba a su atención. En última instancia, los calabozos del cuartelillo o el traslado intempestivo a la Dirección General de Seguridad o a la cárcel recordaban al preso la condición precaria de su existencia.

En 1948, componían la población reclusa de Cuelgamuros sobre todo combatientes republicanos conmutados de pena de muerte o condenados a prisión perpetua o, si no, a penas muy largas. Desde el fin de la guerra, no habían pisado la calle a no ser esposados en traslados de una cárcel a otra. Llevaban, pues, ocho años encerrados. Durante esos años, la inseguridad de un juicio sumario había pendido sobre sus cabezas. En las cárceles, habían conocido el hacinamiento extremo, la desnutrición, la enfermedad, la angustia y el tedio. En el campo de trabajo, la vida resultaba por lo menos más llevadera. La condena, por negra que fuera, establecía una fecha máxima frente a la continua inseguridad anterior. El aire libre, por otra parte, se contraponía al encierro insalubre y el trabajo desperezaba los músculos y el ánimo. Otra ventaja apreciada era que por el campo no aparecían los curas con sus misas y prédicas insistentes. Podría agradecerse vivir en una sociedad laica. El campo permitía además una efusión sin rejas con la familia. Presos, mujeres e hijos podían pasar el domingo juntos e incluso hubo familias que residían lejos que construyeron precarias chabolas dentro del valle en las que malvivieron alguna temporada. El destacamento brindaba, pues, algunos beneficios que, aunque dudosos, resultaban preferibles a una condena larga cumplida entre las rejas de un lóbrego penal.

Pasado el trámite del consejo de guerra, los condenados eran remitidos a los destacamentos penales después de un escrutinio riguroso por el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo. La junta calificadora era tanto más escrupulosa en el caso de Cuelgamuros, que el dictador, antojado con la obra, solía visitarla cada tanto. Amén de las calificaciones laborales, la junta tomaba en cuenta el perfil de riesgo que presentaba cada preso. Una larga condena por hechos de guerra, un expediente penal sin tacha y un entorno familiar sólido tranquilizaban a la comisión. Los penados por “delitos posteriores”;eran en general pocos en el monasterio y los enviados a él llevaban presos pocos años menos que los combatientes de la guerra, como, por ejemplo, mi vecino de litera, Eduardo Ben, un sindicalista coruñés detenido en un temprano brote de resistencia al régimen seis años antes. Para la junta, los presos por acciones posteriores a la derrota alemana no merecían en cambio su confianza por pertinaces y reincidentes. Volvían a la cárcel después de haber pasado por ella sin dar muestras de escarmiento. Ellos no redimían las condenas en destacamentos, sino en penales o en talleres penitenciarios. La compulsa de decenas de expedientes de presos dejan en mí un recuerdo claro de los criterios barajados.

El caso de mis compañeros de la FUE y el mío no se ajustó sin embargo a la regla. El delito atribuido era desde luego político y posterior. Sin duda éramos rojos, pero nuestra edad impedía que fuéramos recalcitrantes o repetidores. La guerra nos había sorprendido de niños. Las condenas que el consejo de guerra nos impuso llegaron con todo a sextuplicar en algunos casos las penas solicitadas por el fiscal, una decisión insólita incluso para un régimen caracterizado por su arbitrariedad jurídica. En otro momento, habré de explicar las razones coyunturales que se reunieron para pasar de la clemencia a la mano dura. Frente a las decenas de años que la justicia militar prodigaba, las condenas que recayeron sobre nosotros parecían de todos modos peccata minuta.;

Otras dos circunstancias debieron influir en favor de aquella excepción. Jóvenes universitarios y no proletarios, nuestra condición desconcertaba a los sabuesos y a los guardianes adiestrados en perseguir sin clemencia a los obreros. En su mente, ellos participaban en un enfrentamiento, más que ideológico o cultural, entre clases claramente definidas. No entendían por esa razón que unos jóvenes que vivían en casas alfombradas se metieran en jaleos, como le sopetó a Javier Sanz Faure el policía que lo detuvo, lo cual no impidió que le diera más tarde una hostia. En la Puerta del Sol, el trato que se nos dio no alcanzó tal vez por ese motivo la violencia frenética que me consta se aplicó en la sala contigua en los interrogatorios que los policías hicieron a los obreros caídos en la redada paralela de la CNT de Madrid de marzo de 1946. Seguramente también, descolocaron a los empleados del Ministerio de Justicia las influencias que se movieron para que cumpliéramos condena en un destacamento penal. Mi asignación a Cuelgamuros fue casual: podía haberme tocado otro lugar. El Patronato no estaba, pues, a salvo de equivocaciones, pero en última instancia quedaban los funcionarios de prisiones, los confidentes y, fuera de prisión, la policía.

En materia de libertad, la cárcel y la calle se diferenciaban sólo en grado. España entera -debe recordarse- era entonces una gran prisión en la que toda persona tenía sus movimientos restringidos y de la que se salía excepcionalmente. Gibraltar y Portugal devolvían a los fugitivos que cruzaban las líneas de demarcación. La ruptura reciente de relaciones diplomáticas selló, por otra parte, los Pirineos. La franja española lindante con la frontera se encontraba militarizada después de que guerrilleros procedentes de Francia intentaran invadir el valle de Arán. Circular por esa zona requería un permiso especial, firmado nada menos que por el capitán general de la región militar. En el interior de España, se necesitaba igualmente un salvoconducto expedido simplemente por la policía a la vista del certificado parroquial de haber cumplido el precepto pascual. La realidad supera a la imaginación. La mente fértil de Luis Buñuel nunca llegó a idear semejante esperpento. Yo que me movía con frecuencia entre Ávila y Madrid, como sigo haciendo ahora después de cárceles y exilios, comulgué anualmente en la iglesia románica de San Vicente, Sabina y Cristeta para poder pasar a continuación por sacristía por la dichosa constancia. Policías rondaban por los vagones del ferrocarril pidiendo la documentación y la guardia civil patrullaba carreteras y sendas. El interior de las casas estaba sujeto a registros sorpresivos. La delación contribuía a estrechar el cerco sobre los sospechosos. Sólo quedaba al perseguido algo tan poco apetecible como la propia cárcel, es decir, convertirse en un “topo”.

La disconformidad con las condenas y con el régimen carcelario sólo contaba con dos expresiones, una colectiva, la otra individual (plantón o fuga), reservadas a situaciones extremas. Hubo plantes memorables, como el ocurrido en noviembre de 1946 en Alcalá de Henares. La composición de la cárcel, enteramente política, es decir, sin presos comunes que no se hubieran plegado a él, y el respaldo de todos los partidos políticos aseguraron su éxito. Ante la determinación mostrada por los presos, el director se vio obligado a negociar con el comité de huelga y a recortar los aspectos superfluos de la disciplina. Los beneficios conquistados con hambre todavía duraban en abril de 1947 cuando la Dirección General de Seguridad internó a nuestro grupo estudiantil en esa prisión. En un destacamento penal, un plante de esta índole resultaba inimaginable.

La fuga presentaba otro género de dificultades. En junio de 1948, Manuel Amit, un alto dirigente de la CNT, huyó de Cuelgamuros al anticiparle Manuel Lamana y yo que había llegado a la oficina un oficio que lo reclamaba para que respondiera con pena de muerte de su actuación durante la guerra. Días más o días menos, el pleno del comité nacional de la CNT escapó de Ocaña salvando los muros del penal de una manera espectacular excavando un largo túnel. Ambas fugas no respondían a un mismo plan, pero acabaron juntas y mal. Un soplo desbarató el dispositivo montado por la CNT para trasladar a los fugados a Francia, del que se salvó sólo Antonio Ejarque. Una malla invisible rodeaba por lo tanto a los destacamentos penales. Más sutil, alcanzaba una eficacia parecida a la de las alambradas que rodeaban a Buchenwald o Auschwitz.

Añádase que la vieja esperanza de salir de la cárcel por la puerta grande se había desmoronado entonces. La victoria aliada no había satisfecho la esperanza que los españoles se habían formado en la calle, en las cárceles o en el exilio. El régimen de Franco había encajado las tibias sanciones de la comunidad internacional y guardado las manos libres para acabar con sus opositores. Las organizaciones clandestinas y las guerrillas que actuaban en el país fueron desbaratadas. La redención de penas por el trabajo o los indultos parciales se convirtieron en la única perspectiva abierta para acortar la condena. Resta explicar cómo decidimos fugarnos contra todos los pronósticos. Nuestra juventud -los veinte años facilitan esas decisiones-, nuestros contactos con los compañeros en la calle, Francia, Chile y Venezuela, la imaginación con que se planeó y ejecutó la huida, más una suerte a manos llenas explican el éxito, pero no diré más sobre un episodio de sobra conocido. Una novela y una película me ahorran su relato.

¿Fueron los campos franquistas campos de exterminio al mismo título que los alemanes? La pregunta se repite a menudo. En España, hubo desde luego campos, colonias o batallones en los que los presos murieron por maltrato, es decir, sin pasar por el pelotón de ejecución. Esto ocurrió menos en Cuelgamuros o en sus homólogos. La excavación de la cripta fue ensangrentada por explosiones mortales. En la edificación del monasterio, ocurrieron accidentes laborales. En la construcción de la carretera, el trabajo resultaba extenuante. Por otra parte, la alimentación era insuficiente por todas partes. La higiene era precaria. Aún recuerdo las noches de verano en las que las chinches se metían por las narices y los oídos y chupaban por todo el cuerpo cubos de sangre. El régimen del destacamento sólo resultaba benigno por comparación con el de la prisión.

La coyuntura forma parte del ojo del historiador. Campos de concentración, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, colonias, talleres, destacamentos penales, este rosario de engendros simultáneos o sucesivos no revistió una modalidad única ni permanente que cubra veinticinco años de franquismo. Su evolución en el tiempo podría representarse por un ánfora acostada con una boca bien ancha al empezar la guerra, con una dilatación en 1939 para dar cabida a una muchedumbre y con un cuerpo que tarda luego en adelgazar hasta terminar en punta al comenzar los años sesenta. Los destacamentos penales de Cuelgamuros ocupan una fracción de ese curso y el punto al que me refiero se sitúa a mitad del recorrido, cuando la furiosa represión inicial se había atenuado y el destacamento penal se había convertido en un negocio paladino para el Estado.

Los primeros campos de trabajo estuvieron bajo mando militar. Detenidos y prisioneros cavaron trincheras, construyeron fortificaciones o despejaron escombros a la vista de soldados y oficiales. Al cabo de menos de un año, los rebeldes añadieron a esa explotación primaria de los presos políticos y de los prisioneros de guerra una forma más retorcida. No me resisto a repetir parte del preámbulo del decreto 281, del 28 de mayo de 1937, fecha que coincide por cierto con la apertura de Buchenwald. Este decreto inauguró una explotación sistemática de la mano de obra republicana.

“El derecho al trabajo que tienen todos los españoles -dice el decreto aludiendo al Fuero del Trabajo del mismo año- no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos... la concesión de este derecho... podría implicar una concesión más sin eficacia ante la pasividad que adoptasen sus titulares, dejando incumplido los fines que la declaración al derecho supone, o sea que puedan sustentarse por su propio esfuerzo, que presten el auxilio debido a su familia y que no constituyan un peso muerto al erario público. Tal derecho al trabajo viene presidido por la idea de derecho función o derecho deber y, en lo preciso, derecho obligación”.

Pocas veces es dable tropezar con un texto tan circunvoluto y a la vez tan paladino. Su redactor no produce la impresión de un sanguinario incontinente ni de un frío razonador a lo nazi convencido de la superioridad de la raza elegida. La voz que el texto transmite es, a ras del suelo, la de un clérigo diestro en manipulaciones verbales. El decreto, inspirado por el jesuita Pérez del Pulgar, otorga al preso político el derecho a trabajar, pero no le deja opción. Si no coopera, se le obliga. La torsión a la que el concepto de derecho es sometido trasunta el propósito de la supuesta concesión. El gesto persigue en realidad descargar sobre el preso el costo de su prisión. Unas líneas más abajo -que no transcribo textualmente- el decreto distingue los presos imputados de hechos graves a los que no concede derecho alguno, del grupo numeroso de los desafectos al nuevo régimen sobre el que no pesan acusaciones precisas, pero que se prefiere mantener encerrado. Esta declaración acredita que el trabajo penitenciario fue un recurso para ampliar la escala de la represión hasta extremos poco justificables, sin incurrir por ello en gastos o sin detraer esa mano de obra del circuito de producción. El engendro alcanzaría su éxito hermanado con la empresa privada.

El invento merece una larga reflexión que nos llevaría demasiado tiempo hacer y que no es éste el momento de emprenderla. No quiero sin embargo dejar de pasar la ocasión para llamar la atención sobre dos aspectos, venganza y clase, que, a mi modo de ver, se hallan en el origen de la redención. Alzados en armas confiando que su sublevación se impondría a la primera y que disfrutarían luego de un país intacto, su derrota ante la resistencia que los obreros presentaron en los centros principales del país tomó de sorpresa a los militares. Las reglas del juego, a la usanza del siglo XIX y comienzos del XX, se habían roto. Exhibir las armas no garantizaba la pasividad de la sociedad y el triunfo de la apuesta política secundada por ellas. El éxito parcial obtenido por la sublevación derivó en una escalada hasta una larga guerra de desgaste. El triunfo militar fue alcanzado en medio de la desolación.

En lugar de aceptar la responsabilidad que les incumbía por sus acciones y por sus cálculos equivocados, los militares rumiaron vengarse de quienes habían osado desafiar su supremacía con las mismas armas y los acusaron de rebelión militar, dando la vuelta a la manga de los hechos con absoluto descaro. Los militares no aplicaron contra sí mismos el comportamiento tipificado en los códigos, por felones, sino que con desfachatez lo usaron para condenar y ejecutar a civiles y compañeros de armas que defendieron al gobierno agredido. En esa duplicidad, fundamentaron por años las ejecuciones en masa o la retención en cárceles. Por lo que respecta a los daños materiales ocasionados, dos leyes, la de responsabilidades políticas y la redención de penas por el trabajo, fueron ideadas como instrumentos no menos estrambóticos de una venganza de orden económico. La primera ley penalizó el bolsillo de las clases medias afectas a la República, como bien conoce Conxita Mir; la redención hizo en cambio recaer sobre las espaldas de los trabajadores la reconstrucción del país.

La imposición del trabajo forzado se articulaba a la perfección con el espíritu de clase que compartían rebeldes y mentores. El obrero, objeto de la venganza, era en fin de cuentas el objeto de explotación de siempre. La novedad que el invento aportaba era la forma más cruda de explotación. Por encima de las ideologías, el espíritu de clase prevaleció y descartó los hornos crematorios o sus equivalente. El preso tenía más cuenta en el tajo que muerto. Es así cómo el Estado se inició como proveedor de mano de obra al sector privado. La importancia que atribuyo a la mentalidad de clase no se crea que corresponde a una concepción marxista propia, sino que los hechos la sustentan. El franquismo se comportó siempre de un modo rigurosamente marxista. Intervino en la lucha de clases no para abolir la explotación del hombre por el hombre, sino para validar esa noción. En el marxismo, lo suyo no era la cara resplandeciente de la medalla, sino su reverso sombrío. Su marxismo lo alejaba por cierto del comportamiento represivo habitual de los gobiernos absolutos, plenamente seguros de su legitimidad. Siglos antes, los monarcas de derecho divino ponían fin a las rebeliones colgando a los cabecillas y extendiendo un amplio perdón a los amotinados. El franquismo, sintiendose espurio e ilegítimo, se ensañó más con los segundos que con los primeros.

Once años más tarde de la promulgación del decreto referido, el régimen de trabajo penitenciario proseguía su curso, con apenas algún retoque. Los datos a mi alcance en la oficina del destacamento me recuerdan que el Estado cobraba entonces a Construcciones Molán, la empresa a cargo de la obra del monasterio, como he dicho, diez pesetas con cincuenta céntimos diarios por cada preso cedido, cantidad un tercio o más por debajo del salario básico que percibía el trabajador “libre”. El Estado, como agente reclutador, alquilaba mano de obra a un módico precio, pero con una ganancia neta. La empresa reducía por su parte los costos laborales y aumentaba otro tanto los beneficios que realizaba. El trabajo forzado de los presos representó para las empresas constructoras del franquismo una tosca fuente de acumulación de capital, que cabe calificar mejor que nunca de “primitiva”. Concluida la extorsión de los presos políticos, el capital acumulado culminaría su recorrido ascendente bautizando, en un caso conocido, un puerto recreativo de la Costa del Sol con el nombre del constructor de la carretera de ingreso a Cuelgamuros. Fue, pues, negocio a dos puntas, del Estado y de las empresas, con un pagador único: el recluso.

El negocio que el Estado hacía arrendando presos cabe descomponerlo de la manera siguiente. De las diez pesetas con cincuenta céntimos diarias cobradas, dos reales iban a parar a una cartilla abierta a nombre del penado, cuyo monto recibía el interesado al ser licenciado. Por cada año trabajado, el preso ingresaba alrededor de treinta duros, que le valdrían en su día de poco. Mil doscientas pesetas por trabajar ocho años suena a sarcasmo. De las diez pesetas que restaban del alquiler, cinco eran tantas como las presupuestadas por la administración para la manutención del preso. Al cobrar el alquiler de un preso, el Estado se resarcía por lo tanto del gasto en que incurría en sustentar al preso. En esto, el encierro del adversario le salía gratis. Encima, la otra mitad del arriendo compensaba al Estado por los gastos incurridos en la custodia (funcionarios de prisiones, de los patronatos, policías y militares), así como en el mantenimiento del aparato administrativo conexo. El Estado no se veía obligado por consiguiente a soltar a la población reclusa para ahorrar y, en el caso de aumentar ella, el presupuesto no corría el riesgo de desequilibrarse.

Consultados los documentos y las partidas presupuestarias del Ministerio de Justicia y del Ejército (incluso las de la “contabilidad creativa” que ya se usaba entonces), los historiadores resolverán si la redención de penas por el trabajo constituyó una fuente atípica de ingresos netos o si, como sostengo en el párrafo anterior, financió el alto volumen de represión que caracterizó al franquismo. La negación franquista de la concordia hunde su raíz en su ideología y en sus emociones, pero también contó con medios económicos para no variarla. La investigación que propongo debería ir acompañada -añado para completar el panorama- del estudio del costo de la construcción del Valle de los Caídos, no sólo el directo por lo invertido en las obras, sino también el indirecto, es decir, el daño causado a la reconstrucción y desarrollo de un país en ruinas al haber detraído recursos escasos (mano de obra incluida) y haberlos inmovilizado en una inversión improductiva, como es la erección de un mausoleo a la vanidad del dictador. Los historiadores económicos tienen la palabra.

Estudios como los que sugiero son factibles puesto que la burocracia del régimen, tanto la militar como la del Ministerio de Justicia y otras ramas de la administración, dejaron montones de documentos. Me consta la variedad de oficios, partes, estadillos y un largo etcétera que salían de la oficina de un destacamento penal modesto como era el que construía el monasterio de Cuelgamuros. A diario, partía correspondencia para la Dirección General de Prisiones, al Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, a diferentes prisiones o a la guardia civil. Siete veces al día se efectuaba, por ejemplo, un recuento cuyos resultados eran transmitidos sin retraso y que daba lugar a continuación a resúmenes semanales o mensuales. En un curioso estadillo, dábamos incluso de baja del almacén día tras día la cantidad teórica de alimentos consumidos. Estos papeles, que duermen en legajos, recogen más allá de las vicisitudes estadísticas, buena parte de las tensiones vividas en el campo. Los documentos esperan al historiador que los lea.

No es costumbre que el historiador tome a pie juntillas el contenido de las fuentes. Los papeles de los destacamentos penales requieren una lectura crítica, más unos que otros. Una cosa son, por ejemplo, los listados primarios de presos que merecen pleno crédito. Ningún funcionario se hubiera atrevido a disimular la desaparición de un preso. Otra cosa son en cambio los de carácter económico. El negocio que el Estado hacía en las alturas invitaba a la malversación entre sus servidores: funcionarios a cargo de la custodia y, por colusión, tal vez más arriba. El régimen sentaba ejemplo para la corrupción general. Me explico.

Una de mis obligaciones consistía, como he dejado dicho, en confeccionar un menú diario con un contenido calórico equilibrado de hidratos de carbono, grasas y proteínas dentro de los valores previstos. La tabla debía cuadrar el número de presos y las existencias en almacén, dando gradualmente de baja las remesas mensuales que hacía la Dirección General de Prisiones. Esa tabla no se calculaba por anticipado, no era preceptiva, sino que se componía cuando urgía remitirla al Ministerio. Obraba de justificante. Relación no guardaba alguna con lo que se guisaba en la cocina ni con las existencias. En los meses que la confeccioné, nunca tuve que consultar al cocinero ni pisé el depósito. Se trataba, pues, de un ejercicio teórico para cumplir con un requisito administrativo. Las tablas tan sólo representaban la concepción dietética del médico que introdujo esa preocupación en la administración, con buena voluntad pero sin éxito. Los intereses iban por otro lado. En este ejercicio, incidentalmente, le tomé la mano al cálculo del valor calórico de los alimentos, conocimiento que me sirvió luego en mi profesión, cuando estimé algo tan novedoso entonces como la dieta de un ejército de Felipe II. Me temo que los datos de entonces fueran igual de aproximados que los posteriores.

Que los cálculos fueran por un lado y la cocina y el almacén por otro, nada tiene de particular. En principio, no tenía por qué haber faltado un gramo de comida. Lo que hacía que las estimaciones fueran doblemente hipotéticas era que los víveres dados de baja o no habían entrado en el almacén o lo habían hecho por debajo de las cantidades consignadas. Los camiones llegaban al destacamento cada tanto. A la vista de todos, se descargaban algunos sacos o bidones y, en seguida, regresaban sin perder mucho peso. Se comentaba que el estraperlo de Madrid se abastecía de alimentos detraídos en gran parte de cárceles y cuarteles. Determinar el destino de los camiones o los beneficios de la operación no estaba en nuestras manos. Lo probable es que los interesados formaran cadena para encubrir el robo a distintos niveles. Los presos, en todo caso, no dudaban de que el jefe del destacamento llevaba una parte. Este jefe, religioso y adusto, no se hallaba para suerte suya desprovisto de toda sensibilidad. Recuerdo, por ejemplo, que me contó a la puerta de su casa el horror que sintió en determinada ocasión. Siendo él, en los primeros años de la posguerra, simple funcionario en la mal afamada cárcel de Porlier cada anochecer se llamaba a los presos que debían ingresar en capilla. De su encierro, saldrían a la mañana siguiente para ser fusilados. El cura de la prisión presenciaba el acto puesto que tenía que ofrecerles sus oficios durante la noche. Un día, la lista no pasó de once. Recuerdo con exactitud la cifra. El más adelante jefe oyó estremecido al cura preguntarle al acabar la lectura, fríamente: “¿Nada más?”. El malestar que la pregunta le provocó, agravado por su condición de creyente y arrastrado en silencio por años, rescataba, finalmente, como ser humano a este miembro del aparato represor frente a la aspereza del cura insaciable.

El escamoteo de la comida a los presos del destacamento penal de Cuelgamuros no llegó a tener las consecuencias que cabría esperar. En el trabajo del monasterio, los presos hacían horas extraordinarias que la empresa pagaba en mano y a valores corrientes. Ese ingreso, aunque corto, alcanzaba para fumar, beber y comer algo de más. Miradas de cerca las cosas, el penado pagaba doble su propio sustento: del ingreso que producía su trabajo, el Estado sacaba el monto de la alimentación que le servía mermada en el comedor; por otro lado, el preso suplía en la cantina de su propio bolsillo la parte que le era hurtada. En ese mundo de miserias, el preso se libraba a base de sufrimiento de las morales. El represor-delincuente que se enriquecía a costa suya, en cambio, las acaparaba todas, menos las materiales.

A pesar del color de la camisa que asomaba por encima del cuello de la guerrera de algunos funcionarios de prisiones, el régimen de campos de concentración franquista no parece responder a un modelo azul, al modo nazi. Los campos no fueron entregados al partido ni se llenaron por las mismas fobias que en Alemania: judíos, insalubres o comunistas. El origen de los campos españoles tiene un sello militar que se remonta a la guerra de Cuba. El concepto no hubo de ser importado del norte de Europa o de sus doctrinas totalitarias, sino que posee un antecedente colonial. Al estallar la guerra civil, los campos se improvisaron a partir de la experiencia propia. Su pronta sistematización corrió, como hemos visto, no por cuenta del partido, sino de la pluma de eclesiásticos que sacaron a los campos de la represión ciega para dotarles de una racionalidad deshumanizada, difícil de compartir, pero que demostró su eficacia para los objetivos perseguidos por el régimen. Éstos eran, como he dicho, vengar su frustración militar y asegurar el dominio a largo plazo de una clase sobre otra, encuadradas ambas en la visión orgánica de la sociedad por la que a unos grupos corresponde servir y a otros mandar. En el método ideado, venganza y clase se complementaban a la perfección.

Los campos franquistas no fueron un expediente de guerra, sino un invento complejo para mantener sometidas después de terminada la contienda a grandes capas de la población sin que la enormidad de los costos presupuestarios y económicos obligaran a aflojar las riendas. Los militares no suelen preocuparse por la intendencia que para ellos existe para facilitarles sus planes. La preocupación por la intendencia tampoco la introdujeron como cabría suponer los economistas de poco predicamento todavía, sino los sacerdotes con vara alta y que adoctrinaban en Deusto y en otras partes a los economistas.

La óptica que he elegido para comentar el caso de los campos de concentración a partir de mi propia experiencia no excluye el reconocimiento de los sufrimientos materiales y morales, de los presos y de sus familias, pero busca más allá una explicación del volumen y duración de la persecución a los connacionales hasta extremos superiores a los de la propia Alemania nazi, que vio interrumpido su experimento por la victoria aliada. Los campos de la Alemania nazi se convirtieron en instrumentos despiadados de la guerra; los franquistas eso mismo y algo más. Valieron para la represión en un país ensangrentado. La represión al prolongarse cedió furor vengativo para crecer como negocio y abrir los brazos a la corrupción. Creo recordar que fue sir Samuel Hoare, el embajador inglés en Madrid y buen conocedor de la corte del Pardo, quien definió al régimen de Franco como “una dictadura templada por la corrupción”. Una noción y una aplicación corruptas templaron el régimen penitenciario, sin que perdiera entidad.

Para concluir, no deja de sorprender que Franco, tan atento a los símbolos que le hicieron pasearse bajo palio o a concebir el Valle de los Caídos, no haya percibido qué agregaba a su mausoleo al utilizar presos políticos en su construcción. Con un poco más de dinero, del que dispuso libremente, podía haber contratado trabajadores libres y haberse ahorrado dejar una huella de venganza sobre los vencidos y de negocio con los obreros. La seguridad con que se movía en su soberbia lo traicionó. Sus restos permanecen sepultados a gusto en un monumento de saña y de corrupción.

El presente texto fue presentado en una ponencia en el congreso Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo, celebrado en Barcelona los días 21, 22 y 23 de octubre de 2002. Este texto aparecerá en las Actas de este congreso; así como en el libro editado por Molinero: Sala y Sobrequés, Una inmensa prisión, Barcelona,Ed. Crítica, próxima aparición.

El autor es maestro emérito de la New York University.

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